La creación de desgravaciones fiscales, tal y como propugnan los dirigentes catalanes en un intento de descargar a la sanidad pública podría consolidar al sector, pero las amenazas constantes contra el modelo Muface podrían destruir casi el 20 por ciento de su mercado que, comoquiera que sea, se va a enfrentar en breve a una forzosa revisión de márgenes de beneficio por el plante médico a los contratos actuales.
Las compañías de seguros sanitarios privados están siendo atacadas desde tantos flancos en el último año y medio que es difícil prever por dónde estallará realmente la guerra y cómo acabará. Los dimes y diretes políticos de hace un año sobre la posible desaparición del modelo Muface (y con él de aproximadamente el 17,5 por ciento del mercado de seguros privados) han vuelto otra vez a la escena pública hace tan sólo unos días tras la aprobación de una iniciativa de IU en el Congreso sobre la universalización de la sanidad que propone eliminar la gratuidad de la asistencia sanitaria para los funcionarios que no opten por el sistema público y, con ello, destruir de facto a las mutualidades de funcionarios, jueces y militares.
A esta amenaza las aseguradoras privadas deben sumar la revolución interna que están viviendo por la negativa de los médicos a aceptar las tarifas por consulta que se están pagando actualmente y que, según el Colegio de Médicos de Madrid, que celebrará hoy una Asamblea para decidir sobre el nuevo modelo de contrato con las aseguradoras, dejan un margen de beneficio al médico de apenas 4 euros por paciente.
Sin embargo, ni estas dos amenazas ni las electoralistas acusaciones de privatización de la sanidad han impedido que el sector cierre el año con unos datos envidiables. Los seguros de asistencia sanitaria han crecido en número de pólizas entre los no funcionarios un 6,2 por ciento en 2010 y representan ya el 59,8 por ciento del total de los seguros de salud, haciendo cada día menos dependientes a las aseguradoras de las mutualidades de funcionarios, que bajan ligeramente sus pólizas hasta representar el 17,5 por ciento del total.
A este tipo de seguros hay que añadir los de reembolso de gastos médicos, que son mucho menos frecuentes (7,8 por ciento del total) y los de subsidios e indemnizaciones en caso de enfermedad, que suelen contratarse por profesionales autónomos para compensar los ingresos que dejan de percibirse en caso de enfermedad y que representan ya el 14,8 por ciento.
Los datos del instituto de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (Icea) muestran que en 2010 hubo 11,3 millones de españoles que contrataron pólizas de salud de algún tipo (un 3,7 por ciento más que en 2009), aunque la intensidad de esta preferencia por la cobertura privada no fue igual entre autonomías. Los datos de la patronal de empresas aseguradoras Unespa reflejan que en Madrid el 31 por ciento de la población contrata alguna aseguradora sanitaria, un porcentaje muy semejante al de Cataluña o Baleares, muy por encima al de los murcianos o navarros.
Detrás de estas diferencias, Unespa explica que hay fundamentalmente razones sociodemográficas por la mayor o menor presencia de trabajadores autónomos o funcionarios o por la renta per capita de cada región, pero también hay otras razones que podrían estar relacionadas con la propia salud de la sanidad pública en cada región. Estas diferencias en la penetración de los seguros son las que explican además en buena medida las grandes variaciones en las tarifas que se pagan al médico colaborador. En algunas autonomías, como Madrid o Cataluña, la competencia de precios en las primas entre compañías, encabezadas en el ránking de facturación por Adeslas, Sanitas y Asisa, es enorme y, consecuentemente, las tarifas de pago por consulta al médico son más bajas que en otras regiones. En otras comunidades como Baleares se está intentando combatir esta situación traspasando parte del riesgo de la aseguradora al médico, estableciendo un pago fijo para una cantidad de pacientes y reduciendo el honorario por visita si se excede ese número.
Comoquiera que sea, los datos de Icea muestran todavía un margen de beneficio para el sector cercano al 6,1 por ciento, que va en crecimiento respecto a años anteriores y que, además, ha conseguido incrementar el número de asegurados en un millón de personas en sólo tres años, hasta alcanzar los 11,3 millones de pólizas y los 6.324 millones de facturación en 2010.
Ahorro estatal.
Así, y ante las amenazas actuales, Unespa alerta de que la desaparición del sector obligaría a incrementar en conjunto los impuestos un 3,5 por ciento para poder absorber desde la sanidad pública los servicios que están prestando las aseguradoras privadas, una idea a la que se suma el Instituto IDIS que en uno de sus últimos informes estimaba que un incremento del número de asegurados privados en un 15 por ciento mediante incentivos fiscales a la contratación de seguros como los que propugna el consejero de Sanidad catalán Boi Ruiz podría llegar a generar un ahorro neto para el SNS de 609 millones de euros.
Via: diariomedico.com