(31-10-08).- Patronales y el sector concertado catalán han propuesto establecer tasas de utilización asumibles reguladas para promover el uso racional de los medicamentos y la utilización de los servicios sanitarios con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Esta es una de las ocho propuestas que contiene el pacto firmado en Barcelona por Foment del Treball, Unió Catalana d Hospitals (La Unió), Fepime Catalunya, Fenin Catalunya y Federació de Mutualitats, abierto a administraciones y sectores sociales para "tomar decisiones".
El presidente de La Unió, Boi Ruiz, aseguró que las ocho medidas "necesarias" no están ligadas a la concreción presupuestaria de 2009 y se basan en tres ejes: "mantener lo que la sanidad tiene, que es mucho", preservar la "calidad clínica" de los servicios y asumir medidas por que si no aumentarán las listas de espera.
Una de las medidas propuestas en este pacto para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario catalán es el establecimiento de tasas de utilización para un uso racional del medicamento y de los servicios sanitarios, especialmente para la obtención de la incapacidad temporal.
Los firmantes señalaron que las tasas de utilización no tienen necesariamente una finalidad recaudatoria, sino promover el uso racional de los recursos. Ruiz aseguró que la sociedad tiene que concienciarse a la sociedad que "malgastar medicamentos es como malgastar agua".Ruiz aseguró que existen "muchas posibilidades" para introducir tasas como las comidas en los hospitales o el transporte hospitalario, ya que no es viable "tener servicios sociales suecos y los impuestos mediterráneos", pero se tiene que tomar la "gran decisión".
Las patronales también propusieron detener la introducción de nuevas prestaciones, actividades y centros que no sean estrictamente necesarias, más allá de los que ya están en construcción, porque todo ello irá "en perjuicio" de la sanidad. Vieron necesidad de definir una cartera de servicios racional "más allá de presiones políticas y sociales".
Otras de las propuestas de los firmantes del pacto son la "responsabilidad" de una contención salarial y vincular el incremento de los costes salariales a la mejora de la productividad; asignar los recursos económicos disponibles con transparencia y "cerrar la incertidumbre", y establecer un marco estable para los proveedores de bienes y servicios.
Ruiz también pidió que "no se dinamite" la atención y el seguro privado y se favorezca un trato fiscal favorable del gasto sanitario y social pagado directamente por los usuarios y el seguro privado. Advirtió que una "descapitalización" de este sector incidiría en la sanidad pública.Sobre la Ley de la Dependencia, abogó por mantener el "poco desarrollo" en su aplicación y calificó de "inconcebible" que no se inyectasen los recursos necesarios. "Su aplicación recae ahora en el bolsillo del ciudadano y del trabajador", señaló. Boi Ruiz pidió cerrar la incertidumbre y revisar la ley.
Los firmantes del pacte también propusieron contemplar el sector salud y de atención a la dependencia como dinámicos de la economía productiva, teniendo en cuenta su valor añadido, capacidad de arrastre, generación de empleo e investigación y desarrollo (I+D) y como socialmente estratégicos a la hora de los presupuestos.
El presidente de Foment de Treball, Joan Rosell, aseguró que con este pacto pretenden abrir el debate viendo que se está haciendo en otros países y que reducciones de coste pueden suponer, pero al mismo tiempo proponiendo medidas "sin politizar" la cuestión. "Se tiene que hacer ahora o el sistema no será sostenible", concluyó.
Via: azprensa.com
Y digo yo, aprovechando la coyuntura económica, ¿no sería un momento maravilloso par hacer reformas en profundidad en la Seguridad Social española? ¿Y en la liberalización de la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social para las prestaciones sanitarias habiendo tantas y tan buenas compañías aseguradoras y tan buenas clínicas y profesionales dentro de la medicina privada? Papá Estado, ¿por qué no nos deja emanciparnos?
Y ya que estamos, ¿por qué de una vez no hay valor de reformar la ley de la función pública? ¿Hay por ahí alguien que tenga valor para hacerlo?