La realidad actual de la profesión médica en España puede comprenderse como el resultado de un largo y complejo proceso de nacionalización de facto que, si bien comenzaba solo de forma parcial a mediados de la década de los años 40 del siglo XX, culminaba a mediados de los años 80 con la promulgación de la Ley General de Sanidad actualmente vigente con algunas modificaciones y la creación de un Sistema Nacional de Salud (SNS).
Universalidad, gratuidad y equidad eran las señas de identidad de esta nueva institución que muy pronto transformaría un sistema basado en prestaciones de la Seguridad Social en un sistema basado en una gran entidad aseguradora única financiada a cargo de los presupuestos generales del Estado. Esta gran entidad, aparte de su función propiamente aseguradora, tendría la particularidad en España -lo cual la diferencia esencialmente del resto de sistemas de salud de nuestro entorno europeo- de convertirse a la vez en una entidad directamente proveedora de servicios médicos, incluida la planificación y gestión administrativa de la profesión médica y la provisión directa de médicos, que en un régimen casi superponible a un régimen funcionarial con salarios y horarios rígidos preestablecidos, se incorporarían en sus consultorios médicos y hospitales mediante contrataciones de carácter colectivo (las denominadas "Ofertas Públicas de Empleo" u "OPES") o bien mediante la modalidad muy extendida de contrataciones temporales en muy diversas modalidades.
Como consecuencia de todo ello, finalmente está en su mano decidir qué médicos van a ejercer y cuáles no, así como fijar sus percepciones económicas, -normalmente en forma de salarios prefijados-, sus horarios -normalmente rígidos y referidos a la legislación en materia funcionarial-, e incluso sus destinos.
De todos es sabido que con motivo del traspaso de las competencias en materia de Sanidad, esta gran entidad aseguradora, coincidente con el antiguo INSALUD y algunas otras entidades, presentes ya en Comunidades Autónomas con competencias transferidas, se disgregaría varios años más tarde, en torno al año 2000 - 2001, en un conjunto de aseguradoras o "Servicios de Salud" de carácter autonómico, una por cada Comunidad Autónoma, financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado y autonómicos.
El conjunto de estas entidades aseguradoras, que a la vez son directamente proveedoras de servicios médicos, sería muy pronto conocido con el nombre de "Sanidad Pública" o simplemente "Sanidad", denominación que muy pronto se haría extensiva de forma errónea y equívoca a la profesión médica, denominando así por ejemplo "sanitarios" a los propios médicos, "asistencia sanitaria" a lo que realmente es asistencia médica, o incluso "especialidades sanitarias" para referirse a las especialidades médicas como se comprueba en muchas ocasiones en distintos documentos especialmente de carácter propagandístico o en muchos programas de carácter político. Finalmente los pacientes quedarían convertidos en "usuarios" haciendo así más referencia a ciudadanos que utilizan servicios de dichas entidades aseguradoras en detrimento de la relación médico-paciente propiamente dicha.
Cabría añadir aquí que ya desde algunas Comunidades Autónomas incluso se está animando a los médicos que ejercen para sus Servicios de Salud a que se den de baja o no se inscriban en los Colegios profesionales, siendo como son nuestras instituciones colegiadas las únicas que legítimamente representan al conjunto de la profesión médica ante la sociedad, únicas encargadas de la custodia y el cumplimiento de la ética y la deontología profesional y garantes de la excelencia profesional y la buena praxis entre otras funciones reconocidas por la Constitución y las Leyes.
El ejercicio libre de la Medicina, siendo como es la base fundamental sobre la que se asientan la inmensa mayoría de los Sistemas europeos democráticos de nuestro entorno en todo lo que concierne a lo que aquí equivaldría a la llamada "atención primaria", quedaba relegado en España a un papel secundario, incluso marginal y casi en su conjunto bajo la influencia de entidades de seguro privadas. Tales entidades de seguro, en principio llamadas a proveer de asistencia médica a aquella parte de la población que podía seguir disfrutando de libre elección de médico y libre elección de entidad aseguradora, equivalente casi en su conjunto al cuerpo de funcionarios de la administración del Estado a través de sus distintas mutualidades, están experimentando en los últimos años el fenómeno de que son cada vez más los ciudadanos en general que deciden adherirse por libre iniciativa a ellas con aportaciones económicas propias. Si bien cabría esperar que la oferta de estas aseguradoras privadas incluiría la libertad de elección de médico entre todos los legalmente establecidos, en la mayoría de los casos no es así y la mayoría de pólizas se restringen a la elección de médico solamente entre los incluidos en listas limitadas e integradas por facultativos que lo han solicitado a través de la firma de un contrato de adhesión que normalmente incluye cláusulas limitadas de honorarios profesionales, convirtiéndose así en cierto modo -al igual que sucede con las aseguradoras del SNS- en directamente proveedoras de servicios médicos.
En cuanto a los efectos de la aplicación de la política de planificación y gestión del grueso o más bien la práctica totalidad de la profesión a cargo del conjunto de las entidades aseguradoras autonómicas del SNS -que responde a un modelo común en toda España-, no se harían esperar y ya a fecha de hoy es cada vez más patente un creciente déficit de facultativos en sus centros médicos y hospitales, en muchas ocasiones alarmante, a lo que hay que añadir el preocupante fenómeno de unas crecientes listas de espera paradójicamente en uno de los países europeos con mayor número de médicos por número de habitantes, más facultades de Medicina y más abultadas promociones universitarias. Consecuencia de ello puede ser otro importante fenómeno que se está produciendo en el seno de estas entidades consistente en el intento de atribuir funciones de carácter médico como el diagnóstico y la prescripción de tratamientos especialmente farmacológicos a profesiones legalmente no facultadas para ello.
Una frecuente sobrecarga de trabajo, que en muchas ocasiones obliga a nuestros médicos a manifestarse públicamente en demanda de algunos minutos más para poder atender adecuadamente a sus pacientes, o una política de contrataciones basadas muchas veces en la temporalidad o en traslados muchas veces intempestivos por razones puramente administrativas, aparte de repercutir muy negativamente en la relación médico-paciente -que con cada vez más frecuencia se traduce asimismo en un gran malestar entre la ciudadanía que cada vez acepta menos el cambio forzoso de médico-, son en muchas ocasiones la causa de una gran desmotivación y un descontento profesionales que se traduce en repetidas jornadas de protesta y movilizaciones a todo lo largo y ancho de la geografía española, también motivadas en los últimos años por el rechazo a la imposición de contratos con cláusulas colectivas y extensivas de exclusividad que a igualdad de horas de trabajo penaliza a los facultativos con la supresión de una sustanciosa parte de sus retribuciones económicas cuando manifiestan su deseo de no consagrar todo su ejercicio profesional al servicio de las entidades de seguro autonómicas del SNS.
El actual modelo de Sistema que se presentaba en su día como uno de los mejores del mundo a juicio de sus promotores, a día de hoy no hace más que descender cada vez más puestos en el conjunto de los países europeos según las encuestas más acreditadas, todo ello sin perder de vista que España es uno de los que menos parte de su producto interior bruto destinan a asistencia médica.
Via: aspromel